La AUGC denuncia al director adjunto operativo de la Guardia Civil ante Robles y exige su cese

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), mayoritaria en el cuerpo, ha presentado este lunes una denuncia formal contra el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, ante la ministra de Defensa, Margarita Robles. La asociación exige su apartamiento inmediato por considerar que su imputación en el caso de las cloacas del PSOE, por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia, causa un daño reputacional creciente a la institución y una pérdida de confianza entre los agentes.

En el escrito, redactado por el secretario jurídico de la AUGC, Eugenio Nemiña, se rebaten los argumentos esgrimidos por Robles en su resolución del pasado sábado, en la que rechazó la suspensión del DAO. La ministra alegó entonces que no procedía abrir un expediente disciplinario ni adoptar medidas cautelares, y que decidiría «según evolucione la situación procesal», acogiéndose al principio de supremacía de la jurisdicción penal sobre el ámbito administrativo.

La AUGC critica la «inacción» frente al DAO y destaca que la jurisprudencia del Tribunal Militar Central, confirmada en casación por la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, establece que la adopción de medidas cautelares «no exige la existencia de una resolución judicial firme, sino la mera concurrencia de indicios racionales de la comisión de una infracción, unida a la necesidad de una acción inmediata para preservar la disciplina o evitar perjuicio al servicio». La asociación señala que esa misma jurisprudencia ha rechazado expresamente que la existencia de un procedimiento penal en curso constituya un obstáculo para la adopción simultánea de la medida cautelar disciplinaria.

La AUGC subraya que lo sostenido por Robles «es precisamente el argumento que la jurisdicción militar especializada viene rechazando de forma reiterada cuando lo invocan los guardias civiles de base para oponerse a su propio cese cautelar». Por ello, la asociación no comprende «por qué un criterio jurisprudencial consolidado, aplicado sistemáticamente para sostener la suspensión inmediata de agentes ante meros indicios policiales, se abandona precisamente cuando el investigado ostenta el empleo de teniente general y ocupa el segundo puesto de mando del Cuerpo, pese a que su imputación acordada por un órgano judicial, a instancias del Ministerio Fiscal, es por delitos de notoria gravedad y es un indicio de mayor entidad procesal que el de otros casos».

La asociación recuerda a Robles el deber de ejemplaridad de los mandos, señalando que «la disciplina, pilar constitucional de la organización militar de la Guardia Civil, no se sostiene únicamente sobre el deber de obediencia de los subordinados, sino, de forma primordial, sobre la ejemplaridad de quienes ejercen el mando». Subraya que «el buen ejemplo, tanto en el servicio como fuera de él, ha sido tradicionalmente proclamado como la principal enseñanza que debe presidir la conducta de todo militar, con mayor intensidad cuanto más elevado es el empleo y mayor la responsabilidad de mando que se ostenta».

La AUGC recalca que «quien ejerce como Director Adjunto Operativo, máximo mando uniformado del Instituto Armado, se encuentra sometido, si cabe con mayor rigor, a los mismos principios de disciplina, dignidad y sujeción a las consecuencias administrativas de una imputación penal que rigen para el último guardia de un puesto rural». La asociación también hace hincapié en que la imputación del DAO está generando un «daño reputacional creciente» para la Guardia Civil, alimentado semana tras semana por la cobertura mediática del caso Leire, y que las bases del Cuerpo, muchas de las cuales han sido cesadas cautelarmente por hechos de mucha menor entidad, «no comprenden» que quien ha sido señalado por la Fiscalía y por el magistrado Santiago Pedraz por prevaricación y obstrucción a la Justicia «continúe ejerciendo el mando operativo sobre los mismos agentes y unidades que, según se ha hecho público, se habrían visto presionados por su actuación».

Esta percepción de desigualdad de trato, según la AUGC, «erosiona gravemente la confianza de la militancia en la ecuanimidad del régimen disciplinario y en la propia cúpula del Cuerpo, con efectos disociadores sobre la disciplina que se pretende preservar». La asociación denuncia el doble rasero que se aplica cuando los imputados son los mandos, ya que existen «numerosos» expedientes disciplinarios contra guardias civiles de la escala básica en los que, «ante la existencia de una simple denuncia, un atestado policial, una detención o un auto judicial que atribuye la condición de investigado, sin que exista imputación formal equiparable a la que afecta al DAO, y sin resolución judicial firme alguna», se ha acordado la medida y, de forma inmediata, el cese cautelar en funciones durante tres meses.

Como ejemplo, la AUGC cita el caso de un agente de La Coruña al que se le ha abierto un expediente, con cese cautelar durante tres meses, solo porque se ha dictado un auto judicial que le atribuye la condición de investigado en una pieza separada de una causa penal cuyo objeto principal ni siquiera concierne directamente al afectado. La asociación recuerda que guardias civiles han sido suspendidos por hechos de mucha menor gravedad, como llamar «embustero» al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, consultar el DNI de un familiar o la matrícula del prófugo Carles Puigdemont.

La AUGC concluye su escrito instando a Robles a actuar con la misma firmeza que se aplica a los agentes de base, y a apartar al DAO de sus funciones para preservar la disciplina y la confianza en la institución. La asociación advierte de que la inacción prolongada podría tener consecuencias aún más graves para la imagen y el funcionamiento del cuerpo.